Seguimiento de Asuntos Resueltos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación


Sesión

10 y 12 de enero de 2012.

 

AMPARO EN REVISIÓN 151/2011, 197/2011, 199/2011, 205/2011, 198/2011, 204/2011, 230/2011, 276/2011, 200/2011, 202/2011, 152/2011 y 203/2011.

“Lugar en que se debe purgar una pena de prisión”

 

Antecedentes

Diversos particulares, respectivamente, promovieron demanda de amparo en contra de: a) su traslado del Centro Regional de Readaptación Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, al Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco Oriente, en Villa Aldama, Veracruz, b) el dificultar su reinserción social, al alejarlos de su domicilio, familia y amistades con dicho traslado, c) el haberles privado de su derecho de purgar la pena de prisión en el reclusorio más cercano a su domicilio, como condición fundamental de la reinserción social, ya que ese derecho sólo se permite restringirlo en caso de delincuencia organizada o respecto de internos que requieran medidas especiales de seguridad, d) el trato indigno a su dignidad humana, y e) la violación al derecho de igualdad o no discriminación.

 

Los Jueces de Distrito que conocieron de dichas demandas, sobreseyeron y negaron los amparos solicitados.

 

Inconformes con lo anterior, los quejosos interpusieron recurso de revisión. El Tribunal Colegiado del conocimiento, decidió modificar las resoluciones recurridas, revocar los sobreseimientos decretados por los sendos Jueces de Distrito, y dejar a salvo la jurisdicción originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que, si lo estima procedente, asuma la competencia de los asuntos.

 

En sesión ordinaria celebrada el 29 de junio de 2011, los Ministros integrantes de la Segunda Sala de esta SCJN, determinaron enviar los asuntos al Pleno de este Máximo Tribunal, para que se avocara al ejercicio interpretativo del artículo 18, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, a fin de verificar si fue o no correcta la interpretación directa que de ese precepto realizó el Juez de Distrito en la sentencia recurrida.

El Proyecto Propuso

Estudio de fondo.

Se determinó que son infundados los agravios de los quejosos, por lo que atañe al tema de constitucionalidad, donde afirman que su traslado al Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco “Oriente” en Villa Aldama, Veracruz, viola el penúltimo párrafo del artículo 18 de la Constitución Federal.

 

El artículo 18 constitucional contiene diversas prevenciones relacionadas con el régimen penal mexicano, como es la finalidad de la pena de prisión, los medios para alcanzarla y, en su penúltimo párrafo, el lugar en que se deberá purgar. Su penúltimo párrafo, permite advertir que si bien es cierto, para ejecutar una pena de prisión, inicialmente podrá ser el lugar más cercano al domicilio del sentenciado, ello, con la clara finalidad de facilitar su reinserción a la sociedad; lo cierto es que, el texto del citado párrafo permite advertir que el legislador no concibió tal posibilidad como un derecho automático para el sentenciado; es decir, como una opción siempre segura, ineludible y obligatoria para la autoridad, sino limitado, circunscrito a lo establecido por las normas instrumentales aplicables.

 

En efecto, el penúltimo párrafo del artículo 18 de la Constitución Federal, contiene un mandato en el que se establece que para determinar cuándo un sentenciado puede compurgar su pena en un centro penitenciario cercano a su domicilio, habrá que acudir a lo que señale la ley, de donde es evidente que esa reserva exige que los casos y condiciones para llevar a cabo ese derecho del sentenciado se aprueben con sujeción al procedimiento legislativo; es decir, su inclusión ha de realizarse siguiendo todas las etapas y cumpliendo todos los requisitos exigidos para la elaboración de una ley.

 

En esa virtud, al prescribir el Poder Reformador que a través de leyes se puedan regular los casos y las condiciones para que los sentenciados puedan purgar su pena en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, se pone de manifiesto, por una parte, que serán los órganos legislativos, constitucionalmente competentes para regular dicha garantía, los que han de ponderar las condiciones y circunstancias para que opere ese supuesto (legislación secundaria) y, por otra, que se trata de una limitación expresamente contemplada en la propia Constitución Federal; por lo tanto, si el sentenciado no cumple las condiciones que el legislador ordinario fije para compurgar su pena en el centro penitenciario más cercano a su domicilio, ello abre la posibilidad para que la autoridad competente, atendiendo a las necesidades de traslado, mediante resolución debidamente fundada y motivada, determine el lugar en que aquél deba cumplir la pena impuesta.

Además, el hecho de que el sentenciado no se encuentre cerca de su domicilio, de ninguna manera significa que no estará en un ambiente adecuado para su desarrollo integral, que finalmente es lo que se persigue con su reinserción, no obstante que esté alejado de su domicilio ordinario, porque, según la finalidad de la reinserción, el sentenciado debe estar en el medio que pueda influir más favorablemente en él, mejorar su condición y propiciar un retorno conveniente, lo cual puede hacerlo en un centro cercano o no a su domicilio ordinario.

 

A fin de dar respuesta a la aseveración de los quejosos en el sentido de que con el traslado se afectó su dignidad humana y recibió tratos indignos, lo que conllevó la violación a los artículos 1, 2, 5, 7, 8, 26, 29, 62 y 63 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (CADH) o Pacto de San José, se realizó un estudio sobre la jerarquía de las leyes nacionales y los tratados internacionales de los que México es parte, y su evolución, hasta abordar el tema relativo a la CADH y se hace referencia a la autoridad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como de sus resoluciones o determinaciones, conforme a los términos en que fue señalado por el Pleno de esta SCJN en la determinación adoptada en el expediente varios 912/2010.

 

Esto es, los tratados internacionales sobre derechos humanos en que el Estado Mexicano es parte, a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, ocupan, junto con las normas constitucionales, un lugar preponderante en el sistema jurídico nacional. El Constituyente quiso dar un estatus jurídico distinto a los tratados sobre derechos humanos, respecto al resto de los tratados y la legislación secundaria, como se puede apreciar principalmente con la reforma del artículo 1° de la Constitución Federal, que contiene diversos principios para la interpretación de las normas relacionadas con la protección de los derechos humanos.

 

Ello no lleva a concluir que el país tenga dos normas fundamentales, de naturaleza distinta, sino que los tratados internacionales sobre derechos humanos, vienen a complementar la Constitución Federal, lo que da como resultado que conformen una unidad desde el punto de vista constitucional.

 

Se analiza el agravio en el que los quejosos aducen que con el traslado que se realizó de su persona de un Centro de Readaptación Social a otro distinto, se viola su dignidad humana; dicho agravio se estimó inoperante, dado que los promoventes, en su recurso de revisión respectivo, se concreta a reiterar lo expuesto en el cuarto concepto de violación de su demanda de amparo, sin controvertir las consideraciones de la sentencia recurrida.

 

Lo anterior, independientemente de que no precisan el momento en que según su dicho, se cometió la violación a su dignidad humana, si en la emisión de la orden, en su ejecución inicial, en el traslado material del reo a un lugar distinto o al momento en que ingresó al diverso centro de reclusión; ni se advierte medio de convicción tendente a demostrar el trato indigno que la parte quejosa refiere haber recibido, con el traslado del que se queja. De ahí la inoperancia del agravio en cuestión.

 

Finalmente, se reserva jurisdicción a los respectivos Tribunales Colegiados de Circuito, que previnieron en el conocimiento del asunto para que aborde el estudio de los agravios que hace valer el recurrente en cuanto a diversos aspectos de legalidad.

Resolución

  • Durante la sesión de 10 de enero de 2012, el Ministro Presidente sometió a votación si la ejecución de las penas en materia penal es de naturaleza administrativa o penal, tomando en cuenta la entrada en vigor del nuevo sistema de reinserción y la figura de los jueces de ejecución. Por unanimidad de votos se estableció que la materia de ejecución de las penas en materia penal es de naturaleza penal y, como consecuencia, se interrumpen las jurisprudencias vigentes que hablan de una naturaleza administrativa, por ejemplo, la jurisprudencia 37/2010.

 

  • En dicha sesión, el Ministro Ponente (VALLS), conforme a lo discutido, propuso cambiar el proyecto para conceder el amparo por violación directa al artículo 18, octavo párrafo, de la Constitución Federal, comprometiéndose a elaborar el engrose (sentencia) conforme a la argumentación de la mayoría. Lo anterior obtuvo una mayoría de diez votos a favor de dicha propuesta.

 

  • Las consideraciones de la mayoría de los señores Ministros, entre otras, son las siguientes:

 

  1. El contenido del artículo 18, párrafo octavo, de la Constitución Federal, constituye un derecho fundamental, lo cual no puede ser facultad potestativa de la autoridad.
  2. Esto es, el poder constituyente dejó claro que los sentenciados tienen derecho a compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, donde las únicas excepciones son en caso de: a) delincuencia organizada, y b) respecto de internos que requieran medidas especiales de seguridad.
  3. Lo anterior, es conforme a lo que establezcan las leyes secundarias, pero si no hay tal, se aplica de forma directa la Constitución Federal.
  4. A mayor abundamiento, los sentenciados tienen un derecho público subjetivo para hacer valer su derecho de compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, oponible al Estado; siempre y cuando no estén dentro de las dos excepciones que señala el citado artículo 18 constitucional.

 

En la sesión de 12 de enero de 2012, por mayoría de nueve votos se decidió que los efectos de la concesión de los amparos respectivos son lisos y llanos, es decir, se deben restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional. A mayor abundamiento, en los sendos engroses se deberá indicar el traslado de los quejosos al Centro Regional de Readaptación Social Varonil de Cieneguillas, Zacatecas, y que, en caso de que más adelante se considere trasladarlos se deberá hacer con autorización judicial.

Puntos Resolutivos

  1.  En la materia de la revisión se revocan las sentencias recurridas.
  1. La Justicia de la Unión ampara y protege a los diversos quejosos.

Votos

Ministros Ponentes: VALLS, FRANCO, LUNA, AGUIRRE y AGUILAR.

 

A favor de la nueva propuesta: COSSÍO, LUNA, FRANCO, ZALDÍVAR, PARDO, AGUILAR, VALLS, SÁNCHEZ CORDERO, ORTIZ y Presidente SILVA.

En contra de la nueva propuesta: AGUIRRE.

 

A favor de los efectos del amparo: COSSÍO, FRANCO, ZALDÍVAR, PARDO, AGUILAR, VALLS, SÁNCHEZ CORDERO, ORTIZ y Presidente SILVA.

En contra de los efectos del amparo: AGUIRRE.

 

Ministra ausente en la última votación: LUNA.

 

Engrose




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