Estudio de fondo.
Se determinó que son infundados los agravios de los quejosos, por lo que atañe al tema de constitucionalidad, donde afirman que su traslado al Centro Federal de Readaptación Social Número Cinco “Oriente” en Villa Aldama, Veracruz, viola el penúltimo párrafo del artículo 18 de la Constitución Federal.
El artículo 18 constitucional contiene diversas prevenciones relacionadas con el régimen penal mexicano, como es la finalidad de la pena de prisión, los medios para alcanzarla y, en su penúltimo párrafo, el lugar en que se deberá purgar. Su penúltimo párrafo, permite advertir que si bien es cierto, para ejecutar una pena de prisión, inicialmente podrá ser el lugar más cercano al domicilio del sentenciado, ello, con la clara finalidad de facilitar su reinserción a la sociedad; lo cierto es que, el texto del citado párrafo permite advertir que el legislador no concibió tal posibilidad como un derecho automático para el sentenciado; es decir, como una opción siempre segura, ineludible y obligatoria para la autoridad, sino limitado, circunscrito a lo establecido por las normas instrumentales aplicables.
En efecto, el penúltimo párrafo del artículo 18 de la Constitución Federal, contiene un mandato en el que se establece que para determinar cuándo un sentenciado puede compurgar su pena en un centro penitenciario cercano a su domicilio, habrá que acudir a lo que señale la ley, de donde es evidente que esa reserva exige que los casos y condiciones para llevar a cabo ese derecho del sentenciado se aprueben con sujeción al procedimiento legislativo; es decir, su inclusión ha de realizarse siguiendo todas las etapas y cumpliendo todos los requisitos exigidos para la elaboración de una ley.
En esa virtud, al prescribir el Poder Reformador que a través de leyes se puedan regular los casos y las condiciones para que los sentenciados puedan purgar su pena en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, se pone de manifiesto, por una parte, que serán los órganos legislativos, constitucionalmente competentes para regular dicha garantía, los que han de ponderar las condiciones y circunstancias para que opere ese supuesto (legislación secundaria) y, por otra, que se trata de una limitación expresamente contemplada en la propia Constitución Federal; por lo tanto, si el sentenciado no cumple las condiciones que el legislador ordinario fije para compurgar su pena en el centro penitenciario más cercano a su domicilio, ello abre la posibilidad para que la autoridad competente, atendiendo a las necesidades de traslado, mediante resolución debidamente fundada y motivada, determine el lugar en que aquél deba cumplir la pena impuesta.
Además, el hecho de que el sentenciado no se encuentre cerca de su domicilio, de ninguna manera significa que no estará en un ambiente adecuado para su desarrollo integral, que finalmente es lo que se persigue con su reinserción, no obstante que esté alejado de su domicilio ordinario, porque, según la finalidad de la reinserción, el sentenciado debe estar en el medio que pueda influir más favorablemente en él, mejorar su condición y propiciar un retorno conveniente, lo cual puede hacerlo en un centro cercano o no a su domicilio ordinario.
A fin de dar respuesta a la aseveración de los quejosos en el sentido de que con el traslado se afectó su dignidad humana y recibió tratos indignos, lo que conllevó la violación a los artículos 1, 2, 5, 7, 8, 26, 29, 62 y 63 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (CADH) o Pacto de San José, se realizó un estudio sobre la jerarquía de las leyes nacionales y los tratados internacionales de los que México es parte, y su evolución, hasta abordar el tema relativo a la CADH y se hace referencia a la autoridad de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como de sus resoluciones o determinaciones, conforme a los términos en que fue señalado por el Pleno de esta SCJN en la determinación adoptada en el expediente varios 912/2010.
Esto es, los tratados internacionales sobre derechos humanos en que el Estado Mexicano es parte, a partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, ocupan, junto con las normas constitucionales, un lugar preponderante en el sistema jurídico nacional. El Constituyente quiso dar un estatus jurídico distinto a los tratados sobre derechos humanos, respecto al resto de los tratados y la legislación secundaria, como se puede apreciar principalmente con la reforma del artículo 1° de la Constitución Federal, que contiene diversos principios para la interpretación de las normas relacionadas con la protección de los derechos humanos.
Ello no lleva a concluir que el país tenga dos normas fundamentales, de naturaleza distinta, sino que los tratados internacionales sobre derechos humanos, vienen a complementar la Constitución Federal, lo que da como resultado que conformen una unidad desde el punto de vista constitucional.
Se analiza el agravio en el que los quejosos aducen que con el traslado que se realizó de su persona de un Centro de Readaptación Social a otro distinto, se viola su dignidad humana; dicho agravio se estimó inoperante, dado que los promoventes, en su recurso de revisión respectivo, se concreta a reiterar lo expuesto en el cuarto concepto de violación de su demanda de amparo, sin controvertir las consideraciones de la sentencia recurrida.
Lo anterior, independientemente de que no precisan el momento en que según su dicho, se cometió la violación a su dignidad humana, si en la emisión de la orden, en su ejecución inicial, en el traslado material del reo a un lugar distinto o al momento en que ingresó al diverso centro de reclusión; ni se advierte medio de convicción tendente a demostrar el trato indigno que la parte quejosa refiere haber recibido, con el traslado del que se queja. De ahí la inoperancia del agravio en cuestión.
Finalmente, se reserva jurisdicción a los respectivos Tribunales Colegiados de Circuito, que previnieron en el conocimiento del asunto para que aborde el estudio de los agravios que hace valer el recurrente en cuanto a diversos aspectos de legalidad.