FECHA DE ACUERDOACUERDOTIPO DE ACUERDODOCUMENTOFECHA DE NOTIFICACION
19/06/2018 Con el oficio, las copias certificadas de las ejecutorias y documentos de cuenta, fórmense y regístrense los expedientes impreso y electrónico de la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018. Acúsese recibo. Ahora bien, visto el contenido del oficio PS_532/2018 de catorce de junio del año en curso, de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, Presidenta de la Primera Sala de este Alto Tribunal, a través del cual señaló que: “…de conformidad con el artículo 231 de la Ley de Amparo y el punto Segundo del Acuerdo General 15/2013 de veintitrés de septiembre de dos mil trece, relativo al procedimiento para la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, hago de su conocimiento que la Primera Sala se ha pronunciado respecto a la inconstitucionalidad de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo y 248 de la Ley General de Salud, por estimarlos violatorios del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, al resolver los siguientes asuntos: - Amparo en Revisión 237/2014… -Amparo en Revisión 1115/2017… Le informo que igual pronunciamiento se hizo en el amparo en revisión 623/2017, fallado por mayoría de 4 votos en sesión de trece de junio de dos mil dieciocho, por lo que una vez que se concluya el trámite de engrose, le será enviada copia certificada de la sentencia…”. I. TRÁMITE. Atento a lo anterior y, al contenido de las resoluciones referidas en los puntos “2” y “3” de la cuenta, a través de la cual se hace del conocimiento a esta Presidencia que en dos ocasiones consecutivas, concretamente al resolver los amparos en revisión 237/2014 y 1115/2017, fallados ambos por mayoría de cuatro votos en sesiones de cuatro de noviembre de dos mil quince y once de abril de dos mil dieciocho, respectivamente, la mencionada Primera Sala declaró la inconstitucionalidad de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción I, 247, último párrafo y 248 de la Ley General de Salud, por violación al derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad, previsto en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, con fundamento en los artículos 107, fracción II, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos , 14, fracción II, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación , 231, párrafo primero, de la Ley de Amparo , y en el punto Segundo del Acuerdo General número 15/2013, de veintitrés de septiembre de dos mil trece, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de Nación, relativo al procedimiento para la declaratoria general de inconstitucionalidad , es el caso de informar de la existencia de esos precedentes al Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, como autoridad emisora de la normativa declarada inconstitucional, adjuntándole copias certificadas de las resoluciones respectivas, en la inteligencia que aún no se genera la jurisprudencia respectiva y de que, de conformidad con el artículo 107, fracción II, párrafo tercero , de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la declaratoria general de inconstitucionalidad deberá aprobarse por una mayoría de cuando menos ocho votos en la cual de obtenerse esa votación calificada se fijarán sus alcances y condiciones en los términos de lo previsto en los artículos del 231 al 235 de la Ley de Amparo. Por tanto, requiérase al Secretario de Acuerdos de la Primera Sala de este Alto Tribunal para que tan pronto establezca jurisprudencia sobre la inconstitucionalidad específica de los citados preceptos legales, lo comunique a esta Presidencia para los efectos señalados en el punto Tercero del Acuerdo General mencionado y, en su caso, remita también copia certificada de las demás sentencias que en su momento integren ésta, con el objeto de continuar con el trámite del presente asunto. II. NOTIFICACIONES. Notifíquese por medio de oficio al Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, a la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación y a la Procuraduría General de la República, esta última por conducto del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Alto Tribunal, con fundamento en los artículos 26, fracción II, de la Ley de Amparo y 107, fracción XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TRÁMITE 20/06/2018
08/10/2018 Promoción acordada como tipo DESAHOGO POR OFICIO DESAHOGO POR OFICIO
31/01/2019 I. Se admite a trámite la Declaratoria General de Inconstitucionalidad planteada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. II. Con fundamento en el artículo 81 del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Punto Tercero del Acuerdo General Plenario 15/2013, túrnese este expediente, para su estudio, al Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente. III. Envíese al Congreso de la Unión por conducto de las Cámaras de Senadores y de Diputados, copias certificadas de las resoluciones dictadas en los amparos en revisión 623/2017, 547/2018 y 548/2018, en las que se declaró la inconstitucionalidad de los artículos 235, párrafo último, 237, 245, fracción I, 247, párrafo último y 248 de la Ley General de Salud, para los efectos del plazo de noventa días naturales previsto en los artículos 107, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 232, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; en el entendido de que las resoluciones dictadas en los diversos amparos en revisión 237/2014 y 1115/2017, les fueron entregadas mediante oficios SSGA-I-20213/2018 y SSGA-I-20214/2018, recibidos en la Dirección de Amparos y Controversias, así como en la Oficialía de Partes, respectivamente, el veintiocho de junio de dos mil dieciocho. IV. Certifíquese por la actuaría de la subsecretaría general de acuerdos el inicio y el vencimiento del plazo señalado en el punto anterior conforme a lo establecido en el artículo 232, párrafo tercero, de la Ley de Amparo , e infórmese de ello por vía electrónica a la Secretaría General de Acuerdos y a la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia, asimismo esta última deberá informar a dicha Secretaría y al Secretario Auxiliar que corresponda de las promociones que se reciban dentro del mismo o la falta de éstas. V. Notifíquese por lista; mediante oficio a la Fiscalía General de la República por conducto del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Alto Tribunal, de conformidad con los artículos 107, fracción XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 26, fracción II, de la Ley de Amparo, y al Congreso de la Unión por conducto de las Cámaras de Senadores y de Diputados. Cúmplase. ADMISIÓN Y TURNO 13/02/2019
13/03/2019 Agréguese a los autos para que surta los efectos legales consiguientes el dictamen de cuenta. Ahora bien, visto su contenido del cual se advierte que el Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo solicita que el presente asunto sea returnado a alguno de los Ministros que integraron la mayoría que votaron a favor del criterio emitido por la Primera Sala de este Alto Tribunal sobre la inconstitucionalidad de los artículos 235, párrafo último, 237, 245, fracción I, 247, párrafo último y 248 de la Ley General de Salud al resolver los amparos en revisión 237/2014 en sesión del cuatro de noviembre de dos mil quince por mayoría de cuatro votos de los señores Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena; 623/2017 en sesión del trece de junio de dos mil dieciocho por mayoría de cuatro votos de los señores Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández; 1115/2017 en sesión del once de abril de dos mil dieciocho por mayoría de cuatro votos de los señores Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández; 547/2018 en sesión del treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho por mayoría de cuatro votos de los señores Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández; y 548/2018 en sesión del treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho por mayoría de cuatro votos de los señores Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández, de los cuales derivo la jurisprudencia 1ª/J. 3/2019 de rubro “DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD. LA PROHIBICIÓN PARA EL AUTOCONSUMO DE MARIHUANA CONTENIDA EN LA LEY GENERAL DE SALUD INCIDE PRIMA FACIE EN EL CONTENIDO DE DICHO DERECHO FUNDAMENTAL” materia del presente expediente, a fin de que la resolución que al respecto se dicte guarde la misma línea argumentativa plasmada de los precedentes que dieron origen a la jurisprudencia en comento. En consecuencia, de conformidad con el principio de concentración sostenido por la Segunda Sala en las inconformidades 10/2012, 265/2012, 366/2013 y 424/2013, así como en términos de lo establecido por el Pleno de este Alto Tribunal en su sesión privada de treinta y uno de enero de dos mil trece, en relación a que los asuntos que guardan relación con alguno que hubiera sido resuelto por una de las Sala de este Alto Tribunal en el que haya sido ponente un Ministro que ya no integre la Sala respectiva, se turnará entre los integrantes de la que conoció del asunto, determinación que resulta aplicable en lo conducente por analogía y, además, con fundamento en el artículo 14, fracción II, párrafo primero, primera parte, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con apoyo en el artículo 81, párrafo primero, del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, modificado mediante instrumento normativo publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de febrero de dos mil doce, retúrnese el presente expediente a la Ministra Norma Lucia Piña Hernández, siguiente en el orden los ponentes que formó parte de la mayoría que voto a favor del criterio contenido en los cinco precedentes que conforman la mencionada jurisprudencia, en atención a que en el primero y tercero de ellos el suscrito fue ponente, quien en sesión pública del dos de enero de dos mil diecinueve fui nombrado como Presidente de este Alto Tribunal; en el segundo fue ponente el señor Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo quien voto en contra; en el tercero fue ponente el Ministro José Ramón Cossío Díaz quien a partir del treinta de noviembre de dos mil dieciocho terminó su encargo como Ministro de este Alto Tribunal y el último de los precedentes fue ponente la Ministra Norma Lucía Piña Hernández; a fin de que aquélla este en aptitud de que en su oportunidad proponga el proyecto de resolución respectivo, en la inteligencia de que el presente asunto seguirá radicado en el Pleno de ésta Suprema Corte de Justicia de la Nación. Notifíquese por lista; asimismo, infórmese por medio de oficio a los encargados de las Oficinas de Certificación Judicial y Correspondencia y de Estadística Judicial, ambos de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos consiguientes. RETURNO 27/03/2019
27/09/2019 Ciudad de México, a veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el dictamen de veinticinco de septiembre del año en curso que suscribe la Ministra Norma Lucía Piña Hernández. Ahora bien, visto su contenido, se instruye al Secretario General de Acuerdos a efecto de que cumpla lo ahí determinado, en el sentido de que: “De la revisión de los autos de este asunto advierto que el diecinueve de febrero de dos mil diecinueve (foja 407) se certificó el cómputo del plazo de noventa días a que se refiere el último párrafo del artículo 232 de la Ley de Amparo. Sin embargo, al resolver la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 6/2017 en sesión de catorce de febrero del presente año, este Tribunal Pleno adoptó el criterio de que el plazo de noventa días útiles a que se refiere el artículo citado, debe computarse dentro de los días hábiles de los periodos ordinarios de sesiones del órgano legislativo emisor de las normas consideradas inconstitucionales.- Por ello, se remite el presente asunto a la Secretaría de Acuerdos de la Suprema Corte para el efecto de que se realice nuevamente el cómputo a que se refiere el último párrafo del artículo 232 de la Ley de Amparo, siguiendo el criterio mencionado, y se certifique en autos”; en la inteligencia de que, conforme a lo establecido en el citado precedente, deberá atender los siguientes lineamientos: 1. En el último párrafo del artículo 232 de la Ley de Amparo se dispone que el plazo de noventa días naturales debe computarse dentro de los días útiles del periodo ordinario de sesiones del órgano legislativo emisor de la disposición considerada inconstitucional, entendiéndose por “días útiles” aquellos que son hábiles para efectos de la declaratoria general de inconstitucionalidad, por lo que el referido plazo debe computarse dentro de los días hábiles de los periodos ordinarios de sesiones establecidos, en este caso, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 2. Los artículos 65 y 66 de la Constitución General prevén que el Congreso de la Unión tiene dos periodos de sesiones ordinarios para llevar a cabo sus funciones legislativas: el primer periodo inicia el uno de septiembre y concluye el quince de diciembre del mismo año, mientras que el segundo periodo de sesiones comienza el uno de febrero y finaliza el treinta de abril del año respectivo. 3. En la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos no se advierte alguna referencia a los días hábiles para el desempeño de los trabajos legislativos del Congreso de la Unión; sin embargo, en su artículo 3o se establece que las Cámaras de Diputados y Senadores tienen la facultad de emitir los reglamentos y acuerdos necesarios para su organización y funcionamiento; además, conforme a su artículo 20, numeral 2, inciso c) , la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados formulará el orden del día para las sesiones, conforme al calendario legislativo establecido por la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos; en cambio, para el caso de la Cámara de Senadores, se establece en su artículo 82, numeral 1, inciso e), que la Junta de Coordinación Política tiene a su cargo la elaboración del calendario de trabajo para el desahogo del programa legislativo de cada periodo de sesiones. 4. En ese sentido, el artículo 182, numerales 1 y 5, del Reglamento de la Cámara de Diputados establece como regla general que las comisiones deberán emitir el dictamen del asunto que le fuera turnado dentro del término máximo de cuarenta y cinco días a partir de su recepción, en la inteligencia de que los plazos señalados en días se considerarán en días hábiles, y que los días inhábiles son los sábados y domingos y los días festivos, por lo que cada año legislativo la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados deberá emitir un acuerdo en el que determine los días considerados inhábiles. 5. En ese sentido, debe tomarse en cuenta que en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados del diecisiete de octubre de dos mil dieciocho y del once de septiembre de dos mil diecinueve, fueron publicados los Acuerdos de su Mesa Directiva por los que se definen los días que deberán considerarse inhábiles durante los dos primeros años de ejercicio de la LXIV Legislatura de la Cámara de Diputados, respectivamente, siendo de interés, para el caso, los días dieciocho de marzo (en conmemoración del 21 de marzo) y dieciocho y diecinueve de abril (semana mayor), así como el dieciséis de septiembre, todos de dos mil diecinueve. Por otra parte, en la propia Gaceta Parlamentaria de siete de febrero de dos mil diecinueve, se publicó el Acuerdo de la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos, por el que establece el calendario legislativo correspondiente al segundo periodo de sesiones ordinarias del primer año de ejercicio de la LXIV Legislatura; en la de veintiuno de febrero de dos mil diecinueve, el Acuerdo de la propia Conferencia el que se adicionan sesiones Solemnes al calendario legislativo correspondiente al mismo periodo de sesiones, y en la de dos de abril de dos mil diecinueve el acuerdo de la Conferencia citada por el que se establece la modificación al calendario legislativo referido. 6. Por lo que respecta al Senado de la República, el artículo 212 de su Reglamento dispone que las iniciativas y decretos turnados a las comisiones deberán dictaminarse por regla general dentro del plazo máximo de treinta días hábiles a partir de que reciban el asunto respectivo, indicándose, únicamente que, para efectos del cómputo de los plazos mencionados, los días hábiles incluyen los recesos legislativos, en los términos del Reglamento, lo cual, para efectos del cómputo del plazo que interesa, carece de relevancia, ya que éste no corre durante los referidos recesos, sino solo durante los periodos ordinarios. 7. No obstante, cabe señalar que en la Gaceta del Senado del uno de febrero de dos mil diecinueve fue publicado el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política mediante el cual, con fundamento en el citado artículo 82, numeral 1, inciso e), de la Ley Orgánica del Congreso de General de la República establece el calendario de sesiones para el segundo periodo ordinario del primer año de ejercicio de la LXIV Legislatura; en la de diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, el Acuerdo mediante el cual se modifica el calendario anterior, y en la del cinco de septiembre de dos mil diecinueve, el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política mediante el cual se establece el calendario de sesiones para el primer periodo ordinario del segundo año de ejercicio de la LXIV Legislatura, considerándose de descanso obligatorio el dieciocho de marzo y el dieciséis de septiembre, ambos de dos mil diecinueve, e indicándose el dieciocho y diecinueve de abril del mismo año como días “santos”, sin precisarse que en ellos se verificará sesión. 8. No puede considerarse que los días útiles referidos en el artículo 232 de la Ley de Amparo son sólo los días en que ambas Cámaras celebran sus sesiones ordinarias, que son generalmente los martes y jueves, pues de lo contrario se contravendría el principio constitucional de justicia pronta y expedita y la finalidad establecida en la reforma constitucional de seis de junio de dos mil once en la fracción II del artículo 107 constitucional. 9. La emisión de la jurisprudencia materia del presente asunto fue notificada al Congreso de la Unión el diecinueve de febrero de dos mil diecinueve y surtió sus efectos ese mismo día de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31, fracción I, párrafo primero, de la Ley de Amparo , por lo que el plazo de noventa días deberá comenzarse a contar a partir del veinte de febrero siguiente, ya que en términos del artículo 22 de la Ley de Amparo los plazos comenzarán a correr a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación . Notifíquese por lista; junto con copia autorizada de la certificación que se emita con motivo de este acuerdo, mediante oficio a la Fiscalía General de la República, por conducto del Fiscal de la Federación adscrito a este Alto Tribunal, así como al Congreso de la Unión, por conducto de las Cámaras de Senadores y Diputados, de conformidad con los artículos 107, fracción XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 26, fracción II, de la Ley de Amparo ; en el entendido de que la Secretaría General de Acuerdos toma conocimiento de este proveído al momento en que se dicta. En su oportunidad, cumplido lo anterior, devuélvanse los autos a la ponencia de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández. Lo proveyó y firma el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien actúa con el Secretario General de Acuerdos que da fe, licenciado Rafael Coello Cetina. TRÁMITE 04/10/2019
31/10/2019 Agréguese a los autos la constancia de cuenta para que surta sus efectos legales. Ahora bien, atento a que en el referido oficio la Senadora Mónica Fernández Balboa, Presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, solicita a este Alto Tribunal: “Al respecto, las Comisiones Unidas de Justicia; de Salud; y de Estudios Legislativos, Segunda, han estado realizando diversas reuniones y actividades con el fin de considerar las opiniones de la sociedad, de áreas médicas y académicas, de los sectores agrícola, campesino, empresarial y demás, para generar una regulación integral de la cannabis, que aborda no solo una reforma a la Ley General de Salud, sino la creación de una nueva ley, así como reformas a otros ordenamientos que requieren un amplio debate. En consecuencia, la Comisión de Justicia, como comisión coordinadora de dichos trabajos, ha solicitado a esta Presidencia del Senado de la República solicitar, de la manera más atenta, una prórroga de dicho plazo constitucional que permita agotar el procedimiento legislativo correspondiente. Lo anterior, se le hace extensivo para que, en los términos de las disposiciones legales aplicables, pueda resolver tal petición para los efectos que correspondan”, con fundamento en el artículo 14, fracción II, párrafo primero, primera parte, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación , hágase del conocimiento de la Senadora oficiante que, en su sesión privada celebrada el veintinueve de octubre del año en curso, el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación acordó que, de manera excepcional y por única ocasión, atendiendo a la complejidad de la materia, en relación con el plazo establecido en el artículo 107, fracción II, párrafo tercero, constitucional respecto de la declaratoria general de inconstitucionalidad 1/2018, se otorga una prórroga del plazo respectivo, la cual vence el último día del periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión, que transcurrirá del primero de febrero al treinta de abril de dos mil veinte, con el objeto de que, al concluir dicho plazo, el Congreso de la Unión haya aprobado la legislación correspondiente. TRÁMITE 04/11/2019
14/10/2019 Promoción acordada como tipo POR RAZÓN SECRETARIAL POR RAZÓN SECRETARIAL
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