EL PODER JUDICIAL HACIA EL

SIGLO XXI

Siempre resultará de gran utilidad para la toda la comunidad reflexionar sobre temas que son de trascendental importancia.

Indudablemente uno de estos temas se refiere al PODER JUDICIAL, en virtud de ser este Poder el facultado constitucionalmente para llevar a cabo:

LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

La sola enunciación del tema trae a nuestra mente un número considerable de ideas, sentimientos, anhelos y sobre todo de actitudes personales y colectivas hacia los órganos que tienen encomendada la elevada tarea de impartir justicia.

De ahí la extraordinaria importancia de conocer su realidad y perspectivas.

Particularmente, al contemplar el advenimiento inminente de un nuevo siglo y de un nuevo milenio considero obligada una profunda reflexión sobre lo que debe ser la impartición de justicia en el siglo XXI, nuevo siglo y nuevo milenio.

No puede concebirse una correcta administración e impartición de justicia fuera de un auténtico Estado de Derecho.

Por ello, en primer lugar, debemos reflexionar sobre este punto en particular, del cual se deriva, directamente una adecuada impartición de justicia.

En efecto, la lucha por conformar un Estado de Derecho hunde sus raíces en lo más profundo de nuestra historia.

Desde Apatzingán hasta el Constituyente de Querétaro, todos los mexicanos hemos conquistado derechos, libertades individuales y procurado los principios de la justicia social, en un sistema jurídico que por múltiples aspectos resulta ser original.

La lucha continua que han sostenido innumerables mexicanos para impulsar el desarrollo de nuestro país y darnos un futuro promisorio para nuestros hijos corre un grave riesgo si no logramos consolidar nuestro Estado de Derecho.

El Estado de Derecho está fundado y organizado sobre ciertos principios y valores de moral política, como lo son:

La democracia, como única fuente de legitimidad del poder público; vocablo que en la actualidad ha adquirido un nuevo espíritu gracias a los cambios trascendentales que se han operado en nuestro México contemporáneo.

La legalidad, como la vía idónea para la plena realización de la democracia;

La división de poderes, como la forma más adecuada de lograr el sometimiento del poder a la ley y el reconocimiento y vigencia efectiva de los derechos fundamentales del hombre, los cuales constituyen la base y el objeto de nuestras instituciones sociales.

Ahora bien, ¿cómo podemos lograr el fortalecimiento y el perfeccionamiento paulatino de nuestro Estado de Derecho, y por consecuencia lógica, perfeccionar el sistema de impartición de justicia?

A responder éstas apremiantes preguntas están encaminadas las presentes reflexiones.

Para ello, es necesario considerar los puntos que son fundamentales para integrar los objetivos primordiales de:

La impartición de justicia en el siglo XXI

Ellos son:

Una reforma al Poder Judicial de la Federación, a los Tribunales Superiores de Justicia de las Entidades Federativas y del Distrito Federal y a la Procuraduría General de la República y de los Estados, actualmente en marcha.

Un control eficaz de los actos del poder público y responsabilidad del Estado.

La realización frecuente de Reuniones Regionales, Congresos Nacionales y Foros para la difusión de los criterios novedosos y resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para evitar en lo posible actuaciones discordantes de los distintos tribunales del país.

Establecer un programa permanente de difusión de la imagen del Poder Judicial de la Federación.

Como lo indicaba al inicio de esta exposición según la definición que se pretenda sobre cualquier institución, y en especial, las que tienen la tarea de administrar y procurar justicia, de dicha definición se derivará, necesariamente, la actitud que se adopte ante ellas, como personas y como sociedad.

En consecuencia, si esta definición es fortalecida vigorosamente con hechos concretos que lleguen directamente a la población, en forma paulatina se reafirmará una actitud positiva por parte de la sociedad hacia su Poder Judicial.

Con relación al primer rubro debe mencionarse la trascendental reforma del 31 de diciembre de 1994, al Poder Judicial de la Federación, que reviste capital importancia.

Con ella, se modificó substancialmente la estructura orgánica y funcional del Poder Judicial de la Federación.

Dicha reforma consistió esencialmente en lo siguiente:

1. La creación del Consejo de la Judicatura Federal.

Órgano cuyas funciones son fundamentalmente carácter administrativo, permiten lograr el fortalecimiento de las funciones propias de nuestro más Alto Tribunal, las jurisdiccionales.

2. La reducción del número de Ministros de 26 a 11, volviendo así al número de miembros previstos en el texto original del artículo 94 de la Constitución de 1917, con la finalidad de que la Suprema Corte sea un auténtico órgano de control constitucional más compacto y altamente calificado.

Cabe destacar que en el ámbito interno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se está trabajando arduamente en la implantación de políticas de trabajo eficaces para lograr un despacho expedito de los asuntos que se someten a su alta consideración.

Los frutos de estos trabajos ya se han manifestado ante todo, en la calidad y también en la cantidad de las resoluciones del Máximo Tribunal.

3. Con el objeto de lograr una exitosa profesionalización de los funcionarios encargados de impartir justicia, se han implementado las bases legales para el desarrollo de la carrera judicial.

El aspecto de la profesionalización ha preocupado constantemente al Poder Judicial que se ha abocado a implantar los cursos necesarios para una actualización eficaz de su personal.

4. La renovación periódica y escalonada de los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con lo que se pretende asegurar la actualización de los criterios de validez de la norma jurídica que respondan a las necesidades y aspiraciones de cada generación.

5. Dentro de estas reformas, una de las más importantes es la que consistió en la modificación al artículo 105 constitucional y la creación de su ley reglamentaria.

En esta Ley, se prevén dos recursos que complementan y cierran una defensa total de la Constitución:

La Controversia Constitucional y

La Acción de Inconstitucionalidad.

Es decir, a partir de esta reforma es posible afirmar que México cuenta con un sistema compacto de garantías de la Constitución:

Por la vía del juicio de amparo, de las Controversias Constitucionales o de las Acciones de Inconstitucionalidad, resulta posible que los órganos del Poder Judicial de la Federación en general y la Suprema Corte de Justicia de la Nación en particular, lleguen a determinar la validez de casi la totalidad de los actos de las autoridades públicas sean estas federales, locales ó municipales.

Así, con estas atribuciones la Suprema Corte de Justicia se ha convertido en un Tribunal Constitucional.

Ello redunda en el fortalecimiento del Estado de Derecho y en el desarrollo del régimen federal.

6. Resulta importante destacar que por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996. el Tribunal Federal Electoral pasó a formar parte del Poder Judicial Federal.

Las reformas al Poder Judicial de la Federación, no han sido suficientes para lograr el fortalecimiento de nuestro sistema de impartición de justicia, ya que existen diversos aspectos que por su importancia deben ser atendidos con prontitud, éstos son entre otros, los siguientes:

· La revisión inmediata de la multiplicidad de leyes, de las cuales, un número significativo son defectuosas o excesivas, lo que origina que se cumplan incorrecta y parcialmente y además muchas de ellas no responden a las legitimas demandas sociales.

· La existencia de un sin número de recursos ordinarios de impugnación y los largos términos procesales conllevan a la lentitud en los procedimientos, originándose así una denegación de justicia por no brindarse de forma pronta y expedita.

· Queremos significar que el juicio de amparo es el sistema de control jurisdiccional de la constitucionalidad más nuestro, mejor elaborado y más amplio, cuya doble finalidad se resume:

En primer lugar, se preserva supremacía de la ley fundamental y,

En segundo lugar, se mantiene la esfera jurídica del gobernado contra todo acto del poder público.

· El acceso a la justicia es difícil para gran parte de nuestra población debido a la marginación, la ignorancia y la carencia de recursos económicos, características éstas de ciertos grupos de connacionales a los que se ha orillado a la reprobable "justicia por propia mano".

· La atención de una eficaz y expedita justicia de barandilla, tanto en la impartición de justicia, cuanto más en la procuración de la misma, ya que ésta es el primer contacto de la población con el sistema de justicia.

· En ocasiones el poder público y el ejercicio de la autoridad son percibidos por la sociedad como arbitrario e impredecible, generándose temor a la inseguridad jurídica y a la impunidad.

· Asimismo, algunos sectores de la sociedad tiene la idea de que la ley está frecuentemente sujeta a negociación, y que en consecuencia ésta no se aplica o se hace incorrectamente.

Ahora bien, no basta con tener ubicados los elementos constitutivos del problema, se requiere de propuestas, de soluciones concretas y reales.

Por lo tanto considero que, independientemente de que el Poder Judicial de la Federación, como cúspide del sistema de impartición de justicia infiltre al resto de las instancias judiciales los frutos que se han ido obteniendo con la reforma antes mencionada, es necesario reflexionar en lo siguiente:

I. Respecto a la organización y funcionamiento de los Poderes Judiciales Estatales:

A. Se hace indispensable la autonomía e independencia de los Poderes Judiciales de las diversas entidades federativas de los Poderes Ejecutivos locales, es decir, que se les dote de un presupuesto que administren de acuerdo a sus necesidades, tal y como sucede con el Poder Judicial Federal.

B. Otorgar una mayor asignación de recursos tanto humanos como materiales para la administración de justicia.

C. Reducir la brecha existente entre los sueldos que perciben los jueces locales y los federales, con lo que se permite asegurar calidad e imparcialidad en la resolución de las controversias.

D. Establecer garantías suficientes para dar estabilidad en el cargo a los jueces de las instancias ordinarias.

E. La profesionalización obligatoria de los miembros que integran los órganos jurisdiccionales (tribunales administrativos y judiciales); así como en el ámbito de la procuración de justicia y cuerpos policiacos incorruptibles y profesionales.

La consecuencia natural de la profesionalización técnica, académica y humana de los integrantes del Poder Judicial conlleva una clara y profunda transformación de la mentalidad de los juzgadores y sus más cercanos colaboradores.

Es indispensable que tanto la población en general como las propias autoridades lleguen a tener una conciencia plena de la altísima dignidad, autoridad y potestad de los jueces y magistrados.

Sólo así se conseguirá una autonomía real que es incompatible con influencias ajenas a la recta impartición de justicia.

F. Por otra parte se hace necesaria la creación de juicios sumarios, reduciendo el número de medios de impugnación y los términos procesales.

Ello daría por resultado un acceso pronto y expedito a la justicia, dando un nuevo y eficaz impulso a la "justicia de barandilla" y al principio de oralidad.

Las acciones anteriores pueden encontrar un apoyo eficaz con el empleo de todos los medios tecnológicos como grabaciones de audio y video para reducir al máximo el principio de actuación escrita tradicional que es lento y formal y que consume una mayor cantidad de tiempo y recursos.

G. La institucionalización de una política gubernamental de defensoría de oficio primordialmente en el fuero común; cuyos defensores tendrían sueldos dignos, un sistema de incentivos que fomente la permanencia de buenos abogados que sean altamente competitivos con los abogados que ejercen la profesión de manera independiente.

Además de contar con un sistema adecuado de selección que garantice el ingreso de personal calificado, aumentando su número, y jerarquizando niveles de experiencia.

H. Fomentar dentro de las universidades la participación de los estudiantes de derecho en la defensoría de oficio, por ejemplo, sustituir el requisito de elaboración de tesis por el de trabajo de pasante en las defensorías de oficio.

I. Un Código de ética profesional y la exigencia a los abogados postulantes de una especialización en la materia que litigan y la imposición de multas o sanciones diversas por la interposición de juicios o recursos a todas luces improcedentes

Estas no son medidas de forma, sino de fondo.

II. Por lo que hace al control eficaz de los actos del poder público y la responsabilidad del Estado, estimo que se ha dado un gran paso con la multicitada reforma al artículo 105 constitucional, que nos permite acudir a la Justicia Federal solicitando la resolución de conflictos que se suscitan entre la Federación y un Estado, el Distrito Federal o un municipio, entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, entre un Estado y otro o con el Distrito Federal, entre éste y un municipio, entre dos municipios de un mismo Estado o bien entre dos Poderes de un mismo Estado.

Asimismo la creación de una nueva acción de inconstitucionalidad de leyes que puede promoverse ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el 33% de los integrantes del órgano legislativo que expide la norma general y si la declarativa de invalidez es aprobada por una mayoría de ocho votos del Tribunal Pleno, ésta declaratoria tendrá efectos generales.

Si bien es cierto que ya se han tomado firmes decisiones para fortalecer el sistema de impartición de justicia y en consecuencia el Estado de Derecho, también lo es que el camino por recorrer aún es largo.

En efecto, son muchas las deficiencias del sistema que se han ido generando al paso del tiempo por la falta de recursos humanos y materiales, negligencia y apatía, tanto de los gobernantes como de los gobernados.

Sin embargo, tengo la firme convicción de que no son insuperables.

Debemos poner en práctica los puntos sugeridos con trabajo, esfuerzo y dedicación de todos nosotros.

Solamente así, podremos lograr en México la consolidación total de ese anhelado Estado de Derecho y de una impartición de justicia que colme los anhelos de nuestro pueblo.

En conclusión, diré que la Impartición de Justicia en el siglo XXI debe atender, necesariamente a criterios de:

PROFESIONALISMO

OBJETIVIDAD

IMPARCIALIDAD

INDEPENDENCIA

EFICACIA y

RESPONSABILIDAD

Finalmente estoy absolutamente convencida de que la superación de los apremiantes problemas a los que me he referido será el resultado del estudio y del trabajo sostenido, entusiasta y constante que no escatime esfuerzo alguno y no dé concesiones al desánimo.

Sólo con leyes que atiendan eficazmente a los legítimos reclamos sociales, con soluciones y medidas reales consecuencia de la constante superación.

Sólo así concibo un Estado de Derecho y una auténtica impartición de justicia que se encaminan hacia un nuevo siglo y hacia un nuevo milenio.

 

Muchas gracias.

Sra. Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas.