Seguimiento de Asuntos Resueltos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación


Sesión

9, 13, 14 y 16 de enero de 2014.

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 32/2012

“Valida SCJN las normas que sustentan la geolocalización de los equipos de comunicación móvil vinculados a delitos considerados graves”

Antecedentes

La presente Acción de Inconstitucionalidad fue promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra del Congreso de la Unión y Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, demandando la invalidez de los artículos 133, Quater, del Código Federal de Procedimientos Penales, 16, fracción I, apartado d) y 40 Bis de la Ley Federal de Telecomunicaciones, reformados mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de abril de 2012.

 

La CNDH alegó en sus conceptos de invalidez que tales normas son violatorias del derecho humano a la privacidad o vida privada, por lo que contradicen el artículo 16 de la Constitución Federal, así como el artículo 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y 16 de la Convención sobre los Derechos del Niño, además de ser contrarios a las garantías de legalidad y seguridad jurídica.

 

Asimismo, la actora planteó en su primer concepto de invalidez que los artículos impugnados carecen de 3 principios fundamentales que los tornan en disposiciones arbitrarias que son:

 

  1. Intervención de la autoridad judicial en la autorización, supervisión, revocación de la solicitud de localización geográfica de un equipo de comunicación móvil, en contravención a los artículos 14, segundo párrafo y 16, primer párrafo, de la Constitución Federal, permite que el derecho a la privacidad de una persona se vea mermado, sin que medie orden de autoridad judicial, que de manera fundada y motivada autorice la medida, supervise su debida aplicación y pueda revocarla en un tiempo determinado, contrario a lo que acontece tratándose de la intervención de comunicaciones o el cateo.

 

  1. Precisión de los sujetos destinatarios de la medida porque el artículo 40 Bis de la Ley Federal de Telecomunicaciones es omiso en precisar quiénes pueden ser sujetos de la norma; que la expresión, están relacionados con investigaciones que usan estos artículos es sumamente escueta y que puede comprender un amplio rango de personas, de modo que un tercero no sospechoso en la investigación también pudiera estar sujeto a la vigilancia, y

 

  1. Existencia de un límite temporal; que una medida gubernamental que violenta los derechos humanos debe estar regulada de manera clara y específica en cuanto a sus alcances y límites, incluyendo un límite temporal, el que no se advierte de ninguna manera en las normas que ahora se están impugnando.

 

La ausencia de estos elementos, concluye la CNDH, impide que la norma cumpla con los requisitos de legalidad, certeza y seguridad jurídica que exige la Constitución, además, la medida carece de proporcionalidad, pues si bien persigue un fin legítimo, transgrede los derechos de certeza, seguridad jurídica, legalidad y privacidad.

 

Resolución

Los días 9, 13, 14 y 16 de enero de 2014, el Tribunal Pleno de la SCJN analizó la propuesta que presentó la Ministra Margarita Beatriz Luna Ramos.

 

El proyecto sostenía que el planteamiento de la accionante resultaba infundado, ya que la medida se constriñe a la localización de un equipo terminal móvil, asociado a una línea telefónica determinada y procede sólo en caso de que dicho equipo se encuentre relacionado en las investigaciones de delincuencia organizada, delitos contra la salud, secuestro, extorsión o amenazas, sin que autorice ni la intervención de comunicaciones ni el registro de llamadas, por lo que no conlleva una restricción a la vida privada de las personas.

 

De lo anterior, la Ministra ponente hizo una aclaración en el sentido de que si bien es cierto que está dirigida [la localización] al aparato, lo cierto es que en una consecuencia lógica implicará la localización de quien lo accionó en algún momento específico. Hay una localización de una persona pero de manera indirecta, de modo que no viola el derecho a la intimidad, ya que no se entra al contenido de las llamadas telefónicas y simple y sencillamente es una geolocalización en tiempo real de un instrumento de delito, que llevará a determinar la responsabilidad de alguna persona y de cuya localización inmediata, depende la seguridad de las víctimas del delito; por lo que en aras de proteger la vida e integridad de las víctimas y combatir delitos que dañan sensiblemente a la sociedad, se justifica la medida.

 

Para dar respuesta a lo alegado por la promovente, en el proyecto se señaló que no le asistía la razón, por cuanto a la necesaria intervención de la autoridad judicial, pues como se expuso, la medida tiene por objeto la localización geográfica de un equipo de comunicación móvil,  y por lo tanto no constituía un acto de privación.

 

Con independencia de que una vez localizado el equipo y quien hace uso del mismo, sean necesarias otras medidas como la intervención de comunicaciones o el cateo, las que en su caso, deberán satisfacer los requisitos constitucionales y legales.

 

Por otro lado, en la penúltima sesión del Pleno, la Ministra Luna Ramos propuso una modificación al proyecto, para lograr conjuntar las argumentaciones de validez, ya que se dividían en constitucionalidad con una interpretación conforme y validez simple; para ello se circuló una propuesta de engrose en el sentido de que, aun reconociendo que una eventual o posible restricción a la vida privada de las personas, la facultad que se confiere al ministerio público para la geolocalización de un equipo móvil de comunicación, es razonable y proporcional con el fin constitucionalmente legítimo que se pretende y por lo cual se encuentra plenamente justificada.

 

Incluso, su conformidad con la Constitución se advierte en la medida que atendiendo al propio contenido de la norma, la geolocalización se autoriza en casos excepcionales y de vigente necesidad, bien sea que se encuentre en riesgo la vida o integridad física de las víctimas del delito o cuando exista riesgo de que se oculte o desaparezca el objeto del mismo, además de que como todo acto de autoridad, no se exime al ministerio público de cumplir con la debida fundamentación y motivación de las solicitudes que así emita.

 

Por tanto, el Tribunal Pleno de la SCJN resolvió la presente acción de inconstitucionalidad por mayoría de 8 votos por lo que se refiere a la validez de los artículos 133 Quáter, del Código Federal de Procedimientos Penales y l6 fracción I, apartado D, y 40 Bis, de la Ley Federal de Telecomunicaciones; de dicha votación 4 Ministros votaron por la constitucionalidad de las normas impugnadas tal cual el proyecto fue presentado y los 4 votos restantes señalaron que sí hay una violación al derecho de la intimidad, pero que puede establecerse la constitucionalidad o la validez, a través de una interpretación conforme.

 

Lo anterior se resolvió de esta manera, y se precisó que el cúmulo de argumentaciones y sentidos de votación, así como votos concurrentes y particulares quedarían englobados al momento de realizar el engrose, el cual se aprobaría con posterioridad.

 

Puntos Resolutivos

PRIMERO. Es procedente y fundada la presente acción de inconstitucionalidad.

 

SEGUNDO. Se reconoce la validez de los artículos 133 Quáter del Código Federal de Procedimientos Penales y l6 fracción I, apartado D, y 40 Bis, de la Ley Federal de Telecomunicaciones de acuerdo a lo resuelto en el considerando quinto.

 

TERCERO. Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación y en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.

 

Votos

Ministra Ponente: LUNA.

 

Se resolvió el asunto por mayoría de 8 votos a favor del proyecto modificado de los Ministros GUTIÉRREZ, ZALDÍVAR, FRANCO, LUNA, PÉREZ, , AGUILAR, PARDO y presidente SILVA.

 

  1. Ministros que votan por la Constitucionalidad de los artículos impugnados: LUNA, PÉREZ, AGUILAR y PARDO.

 

  1. Ministros que votan por la Constitucionalidad estableciendo una interpretación conforme:  ZALDÍVAR, GUTIÉRREZ, FRANCO y presidente SILVA.

 

Ministros que votaron en contra: COSSÍO, SÁNCHEZ CORDERO y  VALLS.

 

Engrose




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